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Estado actual de la movilidad eléctrica en España

Estado actual de la movilidad eléctrica en España

El 22 de mayo de 2025 tuvo lugar en Madrid el evento El Estado de la Movilidad Eléctrica en España, organizado por ECODES, Alinnea y Transport & Environment (T&E).

España se encuentra en un momento decisivo en su transición hacia una movilidad más sostenible. Con el año 2025 como punto de inflexión, el despliegue de los vehículos eléctricos (VE) ha dejado de ser una promesa futura para convertirse en una realidad en expansión. 

Las ciudades implementan zonas de bajas emisiones, las ayudas públicas incentivan la compra de coches eléctricos, y el mapa de puntos de recarga se extiende con rapidez.

Sin embargo, esta transformación no está exenta de retos: la burocracia, la fragmentación del sistema de recarga y la lenta adaptación del sector tradicional plantean obstáculos importantes.

En este artículo analizamos el estado actual de la movilidad eléctrica en España en 2025, con datos actualizados, cifras clave del sector, avances en infraestructura, ayudas públicas y las oportunidades que se abren en el corto y medio plazo.

El sector en cifras

El informe llevado comienza destacando que el transporte por carretera es responsable del 61,5 % de las emisiones de CO₂ en España, con los turismos representando el 39,7 %

En Europa, se prevé que en 2025 circulen cerca de 9 millones de coches eléctricos de batería (BEV); mientras que en España, existen cerca de 220 000 vehículos 100 % eléctricos y se espera un crecimiento del 22,3 % durante el año 2025. 

Además, según el IV Informe de Movilidad Eléctrica, España estaría cerca de alcanzar su meta de 540 000 vehículos enchufables para 2025.

Quién impulsa la electrificación

Uno de los aspectos más relevantes del panorama actual es el perfil de los actores que lideran esta transición. Según Faconauto, no son los fabricantes tradicionales quienes están al frente del cambio, sino startups energéticas, operadores de recarga (CPOs) y empresas privadas innovadoras.

En este contexto, desde T&E se insiste en la urgencia de eliminar barreras burocráticas que dificultan la expansión de la infraestructura. La falta de una regulación ágil sigue siendo uno de los mayores cuellos de botella para los operadores.

Infraestructura de recarga: avances y retos

Uno de los pilares del avance de la movilidad eléctrica es la red de recarga. En mayo de 2025, España contaba con 46 684 puntos de recarga pública, lo que supone un incremento del 3 % respecto a 2024. Destaca especialmente el crecimiento de los cargadores rápidos (de 50 a 250 kW), que se ha disparado un 61 % en tan solo un año.

En términos geográficos, Cataluña lidera junto con Madrid y Andalucía, superando los 6 600 cargadores públicos instalados. Además, se han recibido 72,7 millones de euros en fondos europeos para la instalación de 589 nuevos puntos de recarga ultrarrápidos (150–350 kW) y 26 electrolineras de hidrógeno en la Red Transeuropea de Transporte.

Todo ello enmarcado dentro del objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos para 2030.

El precio como barrera persistente: una transición aún desigual

A pesar del crecimiento sostenido del mercado eléctrico, el precio de los vehículos eléctricos sigue siendo uno de los principales frenos para su adopción masiva.

Aunque las ayudas públicas como el Plan MOVES III alivian parcialmente el coste de adquisición, la diferencia de precio inicial entre un coche eléctrico y uno de combustión interna continúa siendo significativa, especialmente para familias con rentas medias y bajas.

El precio medio de un vehículo eléctrico en España ronda los 35.000–40.000 €, mientras que un coche equivalente de combustión puede costar entre 10.000 y 15.000 € menos, incluso más en el caso de utilitarios.

Esta brecha se vuelve especialmente evidente en segmentos populares como los SUV compactos o los vehículos urbanos, donde la oferta eléctrica asequible aún es limitada.

Además, muchos consumidores no consideran únicamente el precio de compra, sino el conjunto de costes a lo largo del ciclo de vida del vehículo: seguros, recarga doméstica, acceso a recarga pública, revisiones, garantías y, sobre todo, reparaciones.

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Costes de reparación y mantenimiento: una preocupación creciente

Aunque los vehículos eléctricos tienen menos componentes mecánicos que los de combustión (al no requerir cambio de aceite, embrague o correas), los costes de reparación pueden ser notablemente más elevados en caso de avería.

Esto se debe a varios factores:

  • Especialización técnica: no todos los talleres están preparados para intervenir en sistemas eléctricos de alta tensión, lo que reduce la oferta de servicios y eleva los precios.
  • Sustitución de baterías: aunque rara, una reparación o sustitución de batería puede tener un coste de entre 8.000 y 15.000 €, dependiendo del modelo.
  • Carrocería y electrónica: los coches eléctricos suelen integrar más sensores, pantallas y sistemas ADAS, lo que incrementa la complejidad y el coste de reparación en siniestros leves.
  • Coste de seguro: según diversos estudios, los seguros de vehículos eléctricos son entre un 15 y un 25 % más caros que los de combustión, precisamente por el precio de piezas y reparaciones.
  • Además, los recambios originales suelen estar centralizados en servicios oficiales, lo que restringe la competencia y encarece aún más el mantenimiento.

Frente a esto, el sector debe trabajar en formar a más profesionales, reducir los costes de baterías, y generar mayor transparencia en los precios de postventa, para no comprometer la confianza de los consumidores en la movilidad eléctrica.

Ayudas públicas: Moves III y fiscalidad

Las ayudas públicas han sido uno de los grandes impulsores de la adopción de vehículos eléctricos. 

El Plan MOVES III, dotado con 400 millones de euros, está activo en la Comunidad de Madrid desde enero de 2025. Ofrece subvenciones de hasta 7 000 € para la compra de coches eléctricos o híbridos enchufables, y 9 000 € para furgonetas, si se achatarra un vehículo antiguo.

Complementariamente, se ha establecido una deducción del 15 % en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, con límites de 20 000 € por vehículo y 4 000 € por punto de carga.

Sin embargo, tanto empresas como usuarios alertan sobre la incertidumbre en la continuidad de estas ayudas y los retrasos administrativos en su tramitación.

¿Por qué es clave este momento?

España se aproxima a su objetivo de 540 000 vehículos enchufables en 2025 y su infraestructura de recarga sigue creciendo, empujada por la inversión privada y los fondos europeos.

No obstante, para consolidar esta transformación, será necesario simplificar los trámites, garantizar la interoperabilidad y mantener la continuidad y transparencia de los incentivos públicos.

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